Con la aprobación de la Constitución Española de 1978, los ciudadanos también dieron luz verde a la creación del Estado de las Autonomías, que suponía que las recién nacidas Comunidades fueran adquiriendo con el paso del tiempo distintas competencias para, por un lado, satisfacer las necesidades de algunas regiones, y por otro, para que los ciudadanos pudieran ver cumplidas ciertas demandas que desde el Gobierno central eran complicadas de realizar.
Una vez pasados 30 años, nos encontramos con un panorama que nos pide una segunda descentralización, donde los actores principales no son las Comunidades Autónomas, sino los Ayuntamientos, que deberían aumentar su número de competencias y los ingresos que perciben del resto de niveles de gobierno.
Porque son éstos los que necesitan cada vez mayor financiación para poder enfrentarse a lo que les piden los ciudadanos, que ven en ellos a las instituciones políticas más cercanas y que obviamente son los que conocen y detectan con una mayor rapidez los cambios sociales que se van produciendo a medida que va pasando el tiempo.
Con la culminación de esa segunda descentralización se conseguirían varias cosas: aumento de la eficacia para resolver los distintos problemas que se fueran presentando, incremento de la eficiencia, disminución del tiempo de espera a la hora de observar los resultados de las distintas políticas. E incluso, podríamos añadir una notable ventaja para los ciudadanos que aumentarían su capacidad de participación en la vida política puesto que ya sabrían a quién dirigirse para hacer ver sus demandas.
Por lo tanto, la segunda descentralización dotará a los Ayuntamientos de las infraestructuras necesarias para llevar a cabo funciones que hoy en día realizan incluso sin estar obligados a ello y para desarrollar nuevas competencias vitales para el buen funcionamiento de todo núcleo de población que se precie.
