La justicia en nuestro país se encuentra en horas bajas. Deprimentes. Sumida en una serie de calvarios que no tienen que ver con las cualidades de la misma, son percibidos por los ciudadanos como la institución peor valorada en todas las encuestas realizadas acerca de las Instituciones Públicas. Sus características innatas, las que el orden liberal que explicase Montesquieu, Lemand, Voltaire, Beaufort o Benjamín Constant no se perciben. No quedan para el ciudadano de a pie restos suficientes de independencia, responsabilidad, profesionalidad, imparcialidad, sometimiento a la ley o excelencia. Probablemente, el relativismo moral de la doctrina socialista haga que estos valores liberales no encuentren buen acomodo en las sociedades dinámicas y modernas, pero eso no tiene por qué ir en detrimento de la justicia. La justicia tiene que basarse en ellos, que la Constitución Española de 1978 identifica en su Título VI y en el artículo noveno, imponiendo el principio de legalidad e igualdad.
Las reformas emprendidas por el legislador socialista han ido en detrimento de estas virtudes judiciales desde el mismo momento en que llegaron al poder. La Constitución no contemplaba la posibilidad de asociación de los jueces y magistrados. La reforma emprendida de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1979 realizada por el gobierno del PSOE 1985 las identificó como interlocutores válidos en la formación del gobierno de los jueces. Esta reforma fue más allá y comprendió la selección íntegra por parte del Consejo General del Poder Judicial por parte de las Cortes Generales cuando la Constitución sólo les otorgaba la posibilidad de nombrar al 60% del mismo. Así, de estos barros vienen estos lodos, y la politización de la Justicia que horroriza a la carrera judicial es el caldo de cultivo óptimo para que escándalos como el expediente disciplinario a un juez por no llevar a cabo su trabajo hagan poner el grito en el cielo a toda la España decente. Digo la España decente porque aún hay sectores de la sociedad española que prefieren una justicia politizada a una justicia de corte liberal, con sus virtudes intactas y modernizadas en el plano administrativo.
Si en más de una ocasión viéramos a la zorra venir a por las gallinas, seríamos capaces de no invitarla a que las cuidara, como en ocasiones permitimos por decencia y vergüenza. España necesita una justicia moderna en lo administrativo, en lo diario, en lo práctico. Una justicia que aunque vendada no le tiemble la mano que sujeta la espada después de pesar las infracciones en la balanza.
