Desde hace cuatro años el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero lleva una política errática en materia de inmigración. Es cierto que desde el inicio de la civilización, las masas humanas han migrado hacia territorios más propicios para su estilo de vida. Hoy en día también lo hacen, pero debido a la configuración global de los estados modernos, se han venido diferenciando flujos de migración diferenciados.
En la teoría de las migraciones hay dos modelos también diferenciados. Por un lado, encontramos el modelo canadiense de integración, que también se denomina integración multicultural, y es propia de estados de creación reciente o de aquellos con tradición socialdemócrata. Por otra parte, el modelo estadounidense o liberal de integración supone el respeto por los nuevos llegados al territorio, que suele ser un país con raigambre en su ordenamiento jurídico de normas liberales o países con historia cultural importante.
Pues bien, a sabiendas de que la Constitución Española no establece ningún modelo normativo de inmigración, el Gobierno de Zapatero ha venido realizando masivas llamadas a, por una parte, la inmigración de todo tipo (incluida la ilegal) sin dar respuestas racionales y humanitarias a la misma, con sólo la condena a la ilegal por poner en tela de juicio la efectividad y seguridad del Gobierno, y; por otro lado, llamadas a los españoles a que “entendamos que los inmigrantes vienen a nuestro país en pro de un bien para sus familias y que están desesperados, por eso también es humanitario el atender a los inmigrantes indocumentados”(*), así como la obligación del respeto a sus costumbres, todo justificado en que España también, en el pasado, había sido un país de emigrantes.
Este último extremo no es correcto. España fue un país de emigrantes en los años sesenta del siglo XX por motivos económicos, y mucho han de cambiar las cosas para que no vuelva a serlo, pero en aquella época todos los que emigraron a Suiza, Francia, Alemania o, en los años ochenta, Australia, emprendían su viaje con visado, pasaporte, contrato de trabajo y una cartilla médica de vacunación expedida por la Embajada correspondiente.
No es justo que obviemos el problema de los inmigrantes indocumentados justificándola porque sí. Es necesaria una inversión real en estos países emisores de inmigración, la mayoría de ellos con regímenes políticos autocráticos y corruptos, para que sus ciudadanos no tengan que pasar el trauma de llorar la tierra que les vio nacer desde otro país, y para favorecer su transición democrática.
Paños calientes que el Gobierno central ha puesto en esta cuestión son las repatriaciones de inmigrantes indocumentados. Peligrosas, debido a que un grupo reducido de personas difícilmente puede controlar a todo un pasaje de un avión desesperado por ver alejarse el sueño europeo, que por otra parte, para los que residen en nuestro país en ocasiones convertimos en una pesadilla. Contratación en origen, otra solución de emergencia, improvisada y parcial que ha dado Zapatero al problema, sin tener en cuenta que los puestos que les son ofrecidos en ocasiones no tienen nada que ver con los en realidad desempeñarán en España y Europa.
Es necesario tomarse en serio la integración de los inmigrantes, pues no están en nuestro país por placer, es necesario reconfigurar las relaciones con los países emisores para que tengan en consideración a sus propios ciudadanos. Es una tragedia que un ciudadano tenga que llorar su tierra en otro país porque en el suyo no tenga oportunidades de una vida digna, pero mayor es la tragedia si el país en la que la lloran tiene un gobierno que no da respuestas adecuadas a su sueño, aquel sueño que pretendían alcanzar en España.
(*)Ministro Caldera: 15-10-2004, rueda de prensa del consejo de ministros que aprobaba la regularización de inmigrantes ilegales(que se produjo en marzo de 2005)
